El fraude fiscal alcanzó en
España el 6% del PIB en 2012, según cálculos del Consejo Económico y Social
(CES), a partir de los datos
de la OCDE sobre economía sumergida, según se desprende del 'Informe
sobre distribución de la renta en España'.
El organismo indica que el fraude fiscal supone
un "lastre" para el sistema español, tanto por el lado de la suficiencia, por el
importante volumen de recursos que la Hacienda española deja de recaudar, como
por el lado de la equidad, dado que el fraude se concentra en las rentas que no
están sujetas a retención.
El CES apunta que la enorme diferencia entre la
renta media que se viene declarando en el IRPF por trabajo (menos de 25.000
euros al año) y por actividades económicas (menos de 10.000 euros anuales) se
explicaría, al menos en parte, por la importancia del fenómeno de
"infradeclaración u ocultación de rentas" ligadas a la economía sumergida.
Para el organismo, el
fraude fiscal tiene "fuertes efectos distorsionadores" de la equidad, la
progresividad y la distribución de la riqueza ya que, cuando mayor sea la
cantidad defraudada, mayor será la carga fiscal para el resto de contribuyentes.
También es contrario, añade,
a la equitativa distribución de la renta porque se concentra en las
fuentes de mayor riqueza. E
l informe destaca que, hasta mediados de los 90,
el sistema tributario español ha venido siendo más o menos proporcional o
ligeramente progresivo, pero a partir de entonces, en línea con lo observado en
otros países del entorno, se han acometido una serie de reformas en la
imposición directa que han limitado el potencial recaudatorio del sistema
tributario y su capacidad redistributiva.
Fuente: ABC
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