“En este país solo pagan impuestos los asalariados”. Esta frase podría haberla pronunciado cualquier político actual, pero la dijo el ex ministro socialista José Borrell hace casi 30 años, cuando lanzó una feroz campaña contra el fraude fiscal para tratar de cambiar la conciencia social de los españoles acostumbrados a escaquearse del fisco. Eran los tiempos del “Hacienda somos todos” y de las imágenes de famosos como Lola Flores, Pedro Ruiz o Marujita Díaz desfilando ante el juez por acusaciones de evasión fiscal.
Hasta los años setenta del siglo pasado pagar a Hacienda era casi una excepción. El 76% de los contribuyentes se consideraban a sí mismos defraudadores. Creían que los impuestos eran injustos y complejos, según explicaba el profesor Enrique Fuentes Quintana, ministro de Economía, al valorar la primera reforma fiscal moderna en España, aprobada en 1977.
Delitos que no prescriben
Una de las claves de la flamante ley antifraude del Gobierno consiste en la obligación de informar sobre bienes en el extranjero para cuentas, valores o inmuebles superiores a 50.000 euros. Los contribuyentes tienen hasta el próximo 30 de marzo para informar a Hacienda. Podría interpretarse como una forma del fisco de obtener información, pero la medida esconde una sorpresa. Una vez concluido el plazo, si la Agencia Tributaria descubre que un contribuyente tiene bienes no declarados en el extranjero considerará que el origen de esos bienes no está prescrito. Da igual si proceden de hace 30 años como si el contribuyente los sacó del país hace un mes. Si los bienes superan los 120.000 euros se considerará delito fiscal y se iniciará un proceso gravoso para el contribuyente que prevé sanciones de hasta el 150% del valor de los bienes.
Desde la inspección de Hacienda consideran que esta controvertida medida, que podría vulnerar la seguridad jurídica, se ha aprobado para impulsar la investigación de los nombres que aparecen en la lista Falciani. Hervé Falciani es el informático francoitaliano que recopiló, durante los años en que trabajó en el banco suizo HSBC, una lista de nombres de evasores fiscales que escondían el dinero en Suiza. Falciani está en España bajo la protección del Gobierno después de haber pasado unos meses en prisión. Hacienda lleva meses investigando la lista. Las mismas fuentes de los inspectores de la Agencia Tributaria consideran que una vez que finalice el plazo para informar sobre bienes en el extranjero se desatarán las actuaciones vinculadas con la enigmática lista de evasores.
Hacienda asegura que lleva meses enviando cartas a los afectados para que regularicen su situación. Pero habrá que esperar a abril para ver si hay un carrusel de acusados por evadir impuestos.
El país ha mejorado desde entonces todas sus magnitudes económicas y sociales, pero el fraude fiscal sigue estando al orden del día. Los años de borrachera por el ladrillo y la actual crisis económica ha sido un buen caldo de cultivo para que la economía sumergida se reproduzca. Y donde hay sombras, hay fraude.
Un estudio publicado por la Fundación de Cajas de Ahorro (Funcas) hace un par de años señala que la actividad bajo cuerda pasó de cerca del 15% en 1985 a cerca del 23% en 2008.
En España no hay datos oficiales, pero las cifras son similares a las que maneja la Comisión Europea para sus estudios sobre la evasión fiscal. Bruselas esgrime un informe elaborado en 2012 por Richard Murphy, director de Tax Research, que revela que la economía sumergida en España rondaría el 22,5% del PIB, casi el doble que Reino Unido y seis puntos más que Alemania. Según el mismo documento, encargado por los socialdemócratas europeos, España perdería unos 72.700 millones de ingresos fiscales por la economía sumergida.
Un verdadero potosí para estos tiempos, en los que el Gobierno busca euros debajo de cada baldosín para atajar el déficit público [el desfase entre gastos e ingresos presupuestarios]. Si el Ejecutivo acabara con toda la economía sumergida eliminaría el déficit de un plumazo. En 2012 se situó en el 6,7% del PIB (unos 70.800 millones). En el instituto de estudios Fedea echan un jarro de agua fría sobre esta posibilidad: si España fuera tan cumplidora como Suecia o Alemania solo lograría reducir el déficit en dos o tres puntos. Achacan el gran volumen de economía sumergida a una economía tecnológicamente retrasada e ineficiente.
La media docena de expertos consultados para elaborar esta información (fiscalistas, asesores fiscales e inspectores) coinciden en que el fraude se ha incrementado en los últimos años. Ha sido otro de los efectos perniciosos de la crisis. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, admitió hace unas semanas: “Se está produciendo un aumento muy considerable de la economía sumergida en España”. Y añadió: “Es imposible que España haya perdido 70.000 millones de recaudación desde que empezó la crisis solo por la situación económica”.
El presidente de los técnicos de Hacienda (Gestha), José María Mollinedo, explica que el mejor ejemplo para ver el alza del fraude es la caída en la recaudación del impuesto de sociedades en 2008. Ese año se liquidaron los tributos correspondientes a los beneficios del año anterior. “El ejercicio 2007 fue el mejor año para las empresas españolas. Sin embargo, la Agencia Tributaria ingresó un 40% menos”, apunta.
Juan José de los Mozos, presidente de Asefiget (asociación española de asesores fiscales y gestores tributarios) diferencia tres tipos de fraude fiscal. El que cometen los contribuyentes que no tienen ninguna intención de pagar a Hacienda; el de las empresas y otros ciudadanos que buscan atajos para pagar menos o porque se desincentivan con la corrupción o el escaso retorno; y, por último, “el fraude de supervivencia”. Este es el que realizan aquellos que apenas tienen alternativa: o pagan a Hacienda o comen, explica.
El fraude fiscal se extiende como una mancha de aceite por toda la geografía y todas las actividades. La imagen del fontanero que no emite facturas para no cobrar el IVA es aplicable a la hostelería, talleres... y en general a autónomos, profesionales y pymes.
Para combatir esta situación, la Agencia Tributaria ha incluido en su plan tributario para 2013, presentado esta misma semana, un programa de controles masivos. Es lo que ha ocurrido estos días en las principales fallas y casales valencianos. El pasado jueves, grupos de inspectores de la Agencia Tributaria se plantaron en las sedes de las comisiones falleras en busca de actividades no declaradas y dejaron estupefactos a los que celebraban las fiestas. Esas medidas ejemplares se multiplicarán este año. Otra de las actuaciones para luchar contra el fraude es el control sobre alquileres no declarados. Hacienda consulta las webs como Idealista o Fotocasa para rastrear posibles irregularidades.
Entre las novedades de la Agencia Tributaria para limitar el fraude en la facturación está la limitación del régimen de módulos para sectores con más riesgo, como los vinculados a la construcción y los transportes. El fisco también, vigilará estrechamente a los empresarios que facturan a otros empresarios una parte importante de sus operaciones. Hacienda prevé realizar 17.000 visitas para inspeccionar locales.
Mientras Hacienda exhibe la eficacia de su plan de lucha contra el fraude, los inspectores fiscales lamentan la escasez de medios. José María Peláez, de la organización de Inspectores de Hacienda (IHE) presentó el pasado jueves un documento que revela que España destina al control tributario un tercio de lo que gasta Francia y menos de la mitad de Alemania. Y eso que España cuenta con una de las mejores bases de datos del mundo.
Esta situación de escasez de medios y personal impide investigar con más eficacia otro de los fenómenos señalados por los expertos como uno de los agujeros del fisco: el “fraude carrusel”, que consiste en la organización de estructuras empresariales con ramificaciones en un país de la UE para deducirse el IVA. Es algo parecido a lo que hacía la trama de empresarios chinos implicada en la operación Emperador, una red radicada en el polígono Cobo Calleja (Madrid) que supuestamente limpiaba dinero negro procedente de actividades ilícitas.
Pero regresemos al principio. Casi la mitad de los impuestos recaudados por Hacienda procede de la renta (IRPF). Y el 93% de este, por retenciones del trabajo, lo que pone de manifiesto que el peso del fisco recae sobre los asalariados (lo mismo que ocurría hace 30 años). Los altos funcionarios de Hacienda consideran que existe un modelo de inspección caducado con vigilancia exhaustiva sobre rentas del trabajo y graves deficiencias en otras actividades económicas y grandes grupos empresariales. Los insuficientes medios provocan que los grandes patrimonios y las multinacionales solo reciban pequeñas comprobaciones de vez en cuando, denuncian los inspectores.
Por eso, aunque la práctica común de no emitir facturas para escaquearse del pago del IVA es un problema para el fisco, inspectores y técnicos de Hacienda y fiscalistas consideran que el verdadero filón del fraude está en la “elusión fiscal” o “planificación fiscal agresiva”, vericuetos legales por los que se escabullen las grandes multinacionales y elevados patrimonios para rebajar ostensiblemente su factura fiscal. “El 70% de la evasión procede de las grandes empresas y grandes fortunas”, sentencian desde Gestha. De los 11.500 millones que recaudó la Agencia Tributaria en 2012 con la lucha contra el fraude aproximadamente el 40% provenía de actuaciones en el impuesto sobre sociedades, un 25% de irregularidades en el IRPF y otro 20% del IVA.
Hasta el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se refirió a ello en su reciente intervención durante el debate sobre el estado de la nación. “Cuando llegué al Gobierno, había empresas del Ibex que pagaban el 0%”, proclamó en alusión al tipo efectivo del impuesto de sociedades (30%). Un tercio de lo recaudado por Hacienda por las inspecciones tributarias de 2012 procede de las multinacionales y grandes patrimonios (unos 3.000 millones).
Las grandes empresas se benefician de la gran maraña de deducciones y bonificaciones fiscales. El Gobierno limitó algunas el año pasado, como la deducción de los gastos financieros. La Agencia Tributaria calcula que unas 1.800 empresas que facturan más de seis millones están afectadas por este cambio. Por eso ha incluido como prioritario la comprobación de la deducibilidad de los gastos financieros, especialmente intragrupos. Además, fomentará la comprobación de grupos familiares y sociedades en que estos participan para evitar el trasvase fraudulento de rentas.
Pero las multinacionales y las grandes fortunas aprovechan también las grietas que surgen entre la legislación con otros países para abaratar su coste fiscal. El caso que mejor ilustra esta situación es el de las grandes multinacionales tecnológicas (Apple, Facebook, Microsoft) que derivan los beneficios obtenidos por sus filiales en España a Irlanda. De esta forma, algunas de estas sucursales llegan a presentar pérdidas. Para limitar este problema el Gobierno ha puesto en marcha una Oficina de Fiscalidad Internacional que pondrá especial atención a la tributación de los grupos internacionales. Además, Hacienda ha intensificado los acuerdos de intercambio de información y doble imposición con otros países para descubrir a los que huyen del fisco. Un asesor fiscal de un reconocido despacho de abogados rechaza las acusaciones que recaen sobre la elusión fiscal. Se pregunta por qué si existen normas que permiten determinadas prácticas son perseguidas y señaladas por Hacienda. Los inspectores admiten que hay normas ambiguas, pero critican a los que retuercen el espíritu de la ley.
La obsesión del Gobierno por controlar el déficit y atajar la brusca caída de ingresos tributarios empujó al Ministerio de Hacienda a aprobar la mayor subida fiscal de las últimas décadas. Ha elevado tipos del IRPF, IVA y eliminado deducciones y bonificaciones en sociedades.
Una de las medidas más polémicas fue la amnistía fiscal con la que esperaba ingresar 2.500 millones adicionales. El resultado fue decepcionante: solo se recaudó la mitad de lo previsto, unos 1.200 millones. Los que se beneficiaron de ese “escudo fiscal” pagaron de media solo un 3%, mucho menos de lo que pagarían sino hubieran escaqueado al fisco. Los inspectores fiscales criticaron con dureza la medida y han pedido revisar esas declaraciones.
Hacienda esgrime, sin explicar cómo hace el cálculo, que la amnistía afloró 40.000 millones de bases imponibles ocultas. Al tiempo, aprobó una ley antifraude para empujar a los evasores a regularizar su situación. El palo y la zanahoria. Sobre esta norma se basa el plan de control tributario de 2013 presentada el pasado miércoles y con el que pretende cosechar 9.130 millones, menos de lo que recaudó en 2012 (11.500 millones). Fuentes de Hacienda lo justifican, entre otros motivos, porque ha descendido la plantilla en los últimos años.
Entre las novedades del plan de la Agencia Tributaria está la limitación de pagos en efectivo. Desde enero están prohibidas las transacciones en metálico de más de 2.500 euros. En lo que va de año, el fisco ha recibido 217 denuncias. Hacienda prevé realizar 1.500 visitas para comprobar los medios de pago. Otro de los cambios consiste en la inversión del sujeto pasivo en el IVA para la entrega de inmuebles y subcontratistas [liquida el impuesto el primer sujeto en vez de el último].
Uno de los fenómenos sobre los que el fisco va a poner más atención es en el comercio online. Con algo de retraso, Hacienda comenzará a vigilar las operaciones de comercio electrónico y a establecer patrones de riesgo fiscal. Además, iniciará la comprobación de las actividades de juego online para verificar si los ganadores de premios han tributado lo que les corresponde.
Los inspectores de la Agencia destacan que una parte del fraude se ha desplazado a la fase recaudatoria. Crecen los casos en los que los contribuyentes presentan liquidaciones pero no pagan los impuestos. En muchas ocasiones acaban presentando suspensión de pagos y Hacienda se convierte en el principal acreedor. Todos los sectores consultados coinciden en que el sistema tributario español está agotado. Funcionó bien durante la época de auge económico pero ahora se muestra ineficiente. Toca una reforma en profundidad, acuerdan los principales fiscalistas.
