Bienvenidos a nuestro Blog

Desde este blog queremos informar y discutir sobre la actualidad de las empresas así como novedades en temas fiscales, laborales y contables que consideramos de interes



sábado, 23 de noviembre de 2013

Llega el 'controller jurídico' para evitar los delitos en la empresa

El nuevo Código Penal establece la responsabilidad penal de las empresas y exige a las compañías implantar un sistema de prevención de delitos. Pero, ¿Quién debe de ocuparse de este labor?

Todas las empresas deberán contar en un futuro muy cercano con una política de prevención de delitos para luchar contra los posibles comportamientos fraudulentos que se puedan cometer en su sociedad, cuya responsabilidad recaerá en la figura del controller jurídico. Este sistema de prevención, siempre que se realice con la suficiente diligencia, será lo único que podrá eximir a las compañías de una posible responsabilidad penal en caso de delito. El proyecto de Ley Orgánica de Reforma del Código Penal, que ya ha iniciado su tramitación parlamentaria, dice claramente que se exigirá a las empresas que diseñen e implanten modelos de organización para prevenir los comportamientos delictivos de la empresa, sus administradores, representantes o empleados. Sin embargo, de esta misma norma surgen diferentes incógnitas: ¿es necesario crear un nuevo departamento? ¿Puede una única persona asumir esta responsabilidad? "La nueva norma permite decidir entre que sea una sola persona o un órgano colegiado quien se ocupe de este asunto, aunque no define un perfil específico. En realidad, no existe un tipo de profesional perfecto para este puesto; cada empresa deberá optar por la figura que se adapte mejor a su sector", explica Bernardo del Rosal, of counsel responsable de derecho penal económico de Clifford Chance.

"En Italia, por ejemplo, las empresas han optado por un órgano colegiado multidisciplinar para cumplir con la normativa. En Alemania, habitualmente, esta área se externaliza y se deja en manos de un abogado o un bufete. Sin embargo, en Estados Unidos y Gran Bretaña esta responsabilidad queda en manos de una persona de la empresa que crea su propio departamento. Las opciones son muchas y las empresas españolas tienen que encontrar la suya", añade Del Rosal. Lo que es evidente es que aquella persona (o personas) que se convierta en compliance officer, es decir, en responsable de aspectos regulatorios, deberá contar con conocimientos legales, capacidades de gestión y una pizca de psicología. "Tiene que tener un perfil multidisciplinar, contar con independencia, estar involucrado directamente en la toma de decisiones, mostrar una clara sensibilidad hacia otras áreas y tener amplios conocimientos en comunicación y coordinación", comenta Estíbaliz Gallego, directora de la asesoría jurídica de Nutreco España. Frente al hecho de crear un nuevo departamento o no, las opciones son múltiples. "Lo más adecuado sería crear una nueva área, aunque también podrían ocuparse de este asunto los departamentos de auditoría interna, el de asesoría jurídica, el de recursos humanos o el propio cuerpo directivo. Sea como sea, lo importante es dotarla de suficientes recursos para hacer su trabajo", añade Gallego, que presentó durante las XVIII Jornadas de Auditoría Interna su sistema de autoevaluación de control, que involucra directamente a los empleados de Nutreco. Una vez nombrada la persona adecuada e implantado el sistema de vigilancia ante los posibles delitos, el trabajo continúa. "Éste debe ser un departamento dinámico y vivirá constantes revisiones, ya que aparecen nuevos peligros y se plantean nuevos delitos. Además, la nueva ley solicita que este sistema de prevención de delitos sea evaluado cada año para verificar si sigue funcionando correctamente y que se realicen cursos de formación para todas las nuevas incorporaciones a la empresa", concluye Del Rosal.
 
Fuente: Expansion

martes, 19 de noviembre de 2013

La reformas pendientes de la economia española

Buena parte del trabajo ya se ha hecho y ha servido para apuntalar una economía amenazada de derribo. Expertos, inversores y organismos internacionales coinciden en que las grietas son ahora menos profundas en España. Pero también en que hace falta consolidar los cimientos del proyecto reformista desplegado por el Gobierno, que con tanto esfuerzo han asumido los ciudadanos. Frenar ahora sería dar marcha atrás. El Banco de España ya ha alertado de los riesgos de rendirse a «la fatiga» y Bruselas ha pedido que no se levante el pie del acelerador, tentación que siempre surge cuando comienza a escucharse el tam-tam de los tambores electorales. Impuestos, gasto público, sistema financiero, energía, mercado único, mercado de trabajo, pensiones... se ha avanzado mucho, pero la obra está inacabada.

1 La reforma fiscal: regreso a la normalidad

Es la gran reforma pendiente del Gobierno de Mariano Rajoy. Algunas de sus medidas podrían entrar en vigor en 2014, con lo que no sólo marcarán el rumbo de unos presupuestos que ahora Bruselas ha puesto bajo lupa, sino que también influirán en el precalentamiento de las elecciones generales de 2015. La retirada de los esfuerzos fiscales pedidos a los ciudadanos para poder cumplir con el objetivo de déficit y recuperar la credibilidad perdida se plantea como el punto de partida. Aumentar la renta disponible de las familias podría apuntalar las buenas expectativas que actualmente se han generado para los próximos años.
«Se compensaría así el impacto de la menor recaudación por la normalización de los tipos del IRPF con un mayor volumen de ingresos derivados del consumo», explica Sandalio Gómez, profesor del IESE. Aunque la rebaja de la presión fiscal sobre las rentas del trabajo también podría plantearse potenciando su progresividad. Es decir, que paguen más quienes ganan más. El impuesto cuenta ahora con siete tramos, frente a los cuatro existentes en 2010, y un gravamen máximo del 52% frente al 43% vigente antes de la crisis. Además, comunidades como Cataluña han utilizado su capacidad normativa para elevar hasta el 56% el tipo máximo para las rentas más altas, un porcentaje que en el mundo sólo superan Suecia y Aruba.
La reforma promete rebajar tramos y tipos impositivos, especialmente para las rentas más elevadas. «Es justo que el IRPF sea más progresivo. Pero es arriesgado rebajar el IRPF mientras el déficit público no esté por debajo del 3%», defiende el economista Alberto Recarte. Pero los cambios en los impuestos al trabajo son sólo una parte de la reforma. Bruselas ha reclamado elevar la fiscalidad del consumo, en concreto, reducir el número de productos que actualmente gozan de un tipo reducido (10%) o superreducido (4%). España ya subió el tipo general dos puntos en 2010, del 16% al 18% y, en 2013, se aprobó un incremento adicional de tres puntos hasta el 21%. Coinciden con la petición comunitaria numerosas voces académicas, aunque el Gobierno se resiste a aplicar cambios que perjudiquen, por ejemplo, al sector turístico, que aplica un gravamen reducido del 10%. Los impuestos especiales podrían compensar alguna excepción en este sentido. La otra gran revisión promete llegar en el impuesto de sociedades, actualmente en el 30%. Pese a que España tiene uno de los tipos más elevados de la Unión Europea, es también de los que menos recauda. Desde 2007, la recaudación se ha desplomado más de un 50%. «Es fundamental rebajar el tipo del Impuesto de Sociedades, pero eliminar al tiempo el inmenso listados de subvenciones», defiende Recarte. En cualquier caso, la reforma no afectará al régimen especial de pymes.

2 Gasto público: cumplir con lo prometido

Hace sólo dos días que Bruselas ha vuelto a recordar a España que aún queda un buen trecho que recorrer por el camino de los ajustes. Reducir el déficit sigue siendo primordial y el miedo a la «fatiga reformadora» sobre la que alertó el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, parece que también mantiene en vilo a la Comisión. «Hay que reducir más el tamaño de nuestras administraciones públicas, vamos muy retrasados en este sentido», asegura Juan Iranzo, presidente del Colegio de Economistas de Madrid. El Gobierno cifró en 37.700 millones de euros el ahorro que se obtendrá entre 2012 y 2015 con las medidas de racionalización de las administraciones públicas, la reforma de la administración local y las medidas estructurales sobre el empleo público.
«Aunque mi conclusión general es positiva, porque aunque la deuda ha aumentado, es básico que España haya recuperado la imagen y la cultura de pago, gracias a iniciativas como el plan de pago a proveedores o el Fondo de liquidez autonómica», apunta Iranzo. Como fuere, el objetivo último es cumplir con la palabra dada. «El Gobierno debe cumplir con el programa que entregó a Bruselas, en el que se incluyeron ajustes de entre 25.000 y 30.000 millones de euros hasta 2013», puntualiza Recarte.

3 La reforma laboral: ¿una segunda vuelta?

Es vista por Bruselas como el mayor éxito del Gobierno y quizá como la reforma de mayor calado. Pero se considera que el trabajo no está terminado. En su reciente valoración de los presupuestos de 2014 de los países miembro, la Comisión Europea subrayó cómo la reforma ha aumentado la flexibilidad interna de las empresas y la moderación salarial, lo que ha servido para limitar la pérdida de empleo. Aunque también puso algunos peros: «Queda por ver si la norma logra una rápida recuperación en la creación de empleo y menos dualidad en el mercado laboral cuando vuelva un crecimiento sólido».
El Gobierno asegura en público y en privado que no habrá más retoques en la ley y pide paciencia para que se vean sus frutos. «Ha sido una reforma muy importante y necesita un tiempo de maduración. Ahora falta impulsar el trabajo a tiempo parcial, clave para poder conciliar la vida personal con la laboral, y los contratos para los recién licendiados», defiende Sandalio Gómez. Pero la necesidad de un segunda vuelta a la norma no es exclusiva de Europa. «Hay que terminar la reforma laboral. Tal y como está ahora sólo da flexibilidad en la parte recesiva del ciclo, pero perderemos lo ganado cuando mejore la economía. Habría que ligar las causas objetivas de despido no a las pérdidas, sino a la competitividad», explica Alberto Recarte.

4 Reforma energética: flecos pendientes

La tarea más importante, la reforma eléctrica, comenzó el año pasado y actualmente continúan negociándose factores clave como los parámetros que determinarán la retribución de las energías renovables, una vez suprimidas las primas. En Bruselas se cree que la reforma anunciada es «completa» y que «podría eliminar el déficit de tarifa y la carga asociada para las finanzas públicas», que casi alcanza ya los 27.000 millones de euros. Pero la Comisión critica precisamente la lentitud del Ejecutivo en definir aspectos fundamentales como la remuneración para las renovables.
«Es urgente cerrar ya la reforma y hacerlo de manera eficiente para el sistema», asegura Iranzo. Otra tarea pendiente es la transformación del mercado mayorista, o «pull», para dotarle de una mayor transparencia, así como algunos ajustes en el mercado del gas. «Yo apuesto por dejar rodar la norma durante un año para ver si se consiguen los objetivos marcados», defiende Recarte.

5 Competitividad: crear un único mercado

La fragmentación es una de las singularidades que más llaman la atención a los economistas que se acercan por primera vez al mercado español. Y, desde luego, que más sufren las empresas del país. Por ello Bruselas ha insistido en que no se relaje la Ley de Unidad de Mercado ni la liberalización de los servicios profesionales. En cuanto a la norma que busca romper con los 17 marcos legales existentes actualmente, que fue aprobada en julio y aún se encuentra en tramitación parlamentaria, lo cierto es que tiene por delante toda una carrera de obstáculos. El gobierno aprobó hace quince días el calendario para la ejecución del Plan de Racionalización Normativa, tras detectar que existen nada menos que 2.700 normas estatales y autonómicas que suponen barreras para lograr esa unidad de mercado.
De estas, el 30% son normas estatales, mientras que el 70% son autonómicas. A partir de ahora, un grupo interministerial revisará estas normas, para su posible modificación o derogación (en el caso de las leyes nacionales) en el primer semestre de 2014, o su revisión en conferencias sectoriales, si se trata de autonómicas. «Acelerar los procesos en marcha es ahora la clave», defiende Iranzo. «No podemos perder más oportunidades», sentencia.

6 Las pensiones, ya en equilibrio

Ha sido una de las reformas más reclamadas por Bruselas y uno de los compromisos arrancados a España para que Europa flexibilizara los objetivos de déficit público. La celeridad en su elaboración fue clave en este cambio de cromos. La norma afecta, por un lado, a la revalorización de las pensiones actuales y, por otro, al importe de las futuras prestaciones. De tal forma que el funcionamiento de nuestro sistema se alinea con el existente en el resto de Europa. El resultado no sólo ha obtenido la bendición comunitaria, también el grueso de los economistas destaca su efectividad. Sólo algunos expertos abogan por adelantar los plazos previstos. Pero, para el Gobierno, esta es una tarea zanjada.

7 Banca: a la espera de subastas y crédito

La financiera es sin duda la pieza clave para que el puzle de las reformas encaje. Desde que comenzó la crisis, la banca española ha realizado un saneamiento sin precedentes. A los 41.000 millones solicitados por España para limpiar los balances de sector, hay que sumar otros 200.000 millones más aportados por las propias entidades. Las cajas de ahorros prácticamente han desaparecido y el riesgo inmobiliario, principal bomba de relojería que amenzaba la estabilidad de las entidades, se encuentra aislado en el banco malo. La reforma financiera se da por concluida, así como el programa de ayuda de Bruselas.
En la libreta de tareas pendientes quedan, no obstante, dos apuntes que no son baladí. Por un lado, la resolución de las subastas de Novagalicia y Catalunya Banc, sin originar costes adicionales para el contribuyente, así como la venta de Bankia. Y por otro, la vuelta del crédito a las familias y las empresas. «Las expectativas positivas que actualmente hay sobre la economía española necesitan un empujón en forma de crédito», asegura Sandalio Gómez.
 
Fuente: ABC

viernes, 8 de noviembre de 2013

Consenso entre los españoles: El pago de impuestos "es injusto"

Nueve de cada diez españoles (87 %) creen que los impuestos no se cobran con justicia en España, ya que no se cumple la máxima de que paguen más quienes más tienen, según un sondeo anual difundido hoy por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
 
Aunque baja una décima respecto al año pasado los que consideran injusto el sistema tributario, crecen los que consideran que en España existe mucho o bastante fraude fiscal (94,8 % de los encuestados, 2,6 puntos más que en 2012).
 
Según la encuesta sobre opinión pública y política fiscal correspondiente a 2013, suben otros 2,2 puntos los españoles que entienden que pagan muchos impuestos.
 
También empeora ligeramente el porcentaje de los que creen que el Estado le da menos de lo que paga en impuestos y cotizaciones (66,6 %, 2,2 puntos más que el año pasado).
 
Suben de manera más importante los que opinan que se dedican pocos recursos a los servicios públicos y prestaciones que se financian con los impuestos, tales como Sanidad (65,5 %, 7 puntos más) o ayuda a las personas dependientes (69,1 %, 7,5 puntos más que en 2012).
 
Además, han pasado a un 69,2 % (frente a 66,4 % el año pasado) los que afirman que en conjunto la sociedad se beneficia poco o nada de lo que paga en impuestos y cotizaciones.
 
En cuanto al fraude fiscal, también bajan ligeramente los que lo consideran una injusticia, pues hace que unos paguen lo que dejan de pagar otros (un 27,8 %, casi tres puntos menos que en 2012).
 
Por contra, mejora la percepción de los ciudadanos sobre los intentos de la administración para luchar contra el fraude fiscal, y en 2013 son un 66,9 % los encuestados que creen que se hacen pocos o muy pocos esfuerzos, 6,4 puntos menos que el ejercicio anterior.
 
En cuanto a la impresión directa sobre el fraude, la mayoría de los españoles (68,1 %) opina que toda o bastante de la gente que conoce reconoce todos sus ingresos al hacer la declaración de la renta.
 
Este porcentaje baja al 49,7 % al ser preguntados por los profesionales o autónomos que conocen que apuntan todos sus ingresos al hacer la declaración del IVA.
 
La razón principal para ocultar estos datos, según los encuestados, es que la escasez de empleos obliga a aceptar cualquier trabajo, aunque no se declaren dichos ingresos (22,4), seguido por la falta de honradez y conciencia ciudadana (15,9).
 
Además, un 73,6 % señala que si la gente no engaña más a Hacienda es por miedo a una revisión, mientras que un 48,3 % entiende que casi todo el mundo engaña algo al pagar sus impuestos y la administración ya cuenta con ello.
 
Por otro lado, ha crecido ligeramente (del 32,7 al 33,3 %) el porcentaje de los que declaran haber pedido que se destine a fines sociales un porcentaje de sus impuestos.


Fuente: Finanzas.com

martes, 5 de noviembre de 2013

Declaración de la renta: ¿Por qué se retrasa la devolución de Hacienda?

Hoy 5 de noviembre, los contribuyentes que deben dinero a Hacienda saldarán definitivamente su saldo. Es la fecha para el pago del segundo plazo de las devoluciones que salen a pagar. Sin embargo, y a pesar de la rapidez con que cada año Hacienda realiza las devoluciones, todavía hay contribuyentes que esperan que el organismo salde a favor suyo sus cuentas.
 
Y aunque es cierto que la Agencia Tributaria ha agilizado los plazos a devolver, muchos de los que han confirmado el borrador han recibido el dinero en su cuenta bancaria a los pocos días, otros siguen esperando como agua de mayo. Y pueden esperar, ya que Hacienda tiene de plazo hasta seis meses después de que haya finalizado la campaña para ordenar las transferencias a favor de los contribuyentes. Es decir, hasta el 31 de diciembre de 2013. De lo contrario, le tendrían que pagar intereses.
 
Normalmente, la Agencia Tributaria se marca el compromiso de realizar el 85% de las devoluciones antes de principios de agosto. Entonces, ¿qué pasa con el 15% restante? Hacienda tiene de plazo hasta finales de año.
 
Según el manual de la renta, que puede ser consultado en la página web de la Agencia Tributaria, la Administración dispone de seis meses, desde el término del plazo de presentación de las declaraciones, o desde la fecha de la presentación si la declaración fue presentada fuera de plazo, para practicar la liquidación provisional. Es decir, hasta el 31 de diciembre de 2013.
 
¿Por qué se retrasa el pago en algunas declaraciones?
 
Los abonos de las declaraciones de renta con resultado a devolver se realizan mediante una criba informática. Así, las primeras beneficiarias son aquellas declaraciones que se han realizado mediante la presentación del borrador.
 
Los fiscalistas recuerdan que las primeras devoluciones que se han realizado han sido las llamadas de "carrete", aquellas en las que solo "se declara las rentas del trabajo y una cuenta corriente, el resto, como viviendas alquiladas, que tienen pensiones compensatorias a hijos por ser padres divorciados son analizadas y tardan un poco más en realizar la devolución".
 
Las segundas, las que se llevaron a cabo a través de vía telemática, es decir, por Internet y finalmente se deja para las últimas aquellas que se han realizado de forma manual, a través de las oficinas de la Agencia Tributaria o de las sucursales bancarias.
 
Por otro lado, también se retrasa el pago de las declaraciones que no son concordantes con la información que maneja Hacienda. En ese caso, la Agencia Tributaria puede pedir al contribuyente facturas o justificantes, o incluso el convenio regulador en caso de divorcio. Es cuando el organismo público puede realizar las temidas paralelas.
 
Pero, ¿qué ha pasado en todo este tiempo? Las declaraciones pasan por una base de datos y luego se someten a tres filtros:
 
- Aritmético: Es decir, que las cuentas sean correctas
- Control Normativo: para que se cumplan los casos estipulados en las deducciones.
- Investigación: Se contrasta la información con las imputaciones externas del contribuyente y que se les han facilitado de Bancos, Asociaciones, Trabajo, Brokers, etc.
 
¿Qué hacer cuando Hacienda no me ha devuelto?
 
En el caso de que Hacienda no hubiera realizado el pago en el periodo de tiempo establecido, procederá a devolver de oficio sobre la cuota.
 
Además, transcurrido el plazo de seis meses sin que haya sido ordenado el pago de la devolución por causa imputable a la Administración Tributaria, se aplicará a la cantidad pendiente el interés de demora tributario desde el día siguiente al de la finalización de dicho plazo y hasta la fecha en que se ordene su pago, sin necesidad de que el contribuyente lo reclame.
 
Sin embargo, Hacienda también se protege y deberá tenerse en cuenta que, de apreciarse errores u omisiones en la declaración, la Administración Tributaria puede rectificar el resultado de la liquidación efectuada por el contribuyente mediante la correspondiente liquidación provisional, modificando la cuantía de la devolución solicitada o determinando la improcedencia de la misma.
En el caso de que se produzca dicha liquidación provisional, ésta le será reglamentariamente notificada al contribuyente, quien podrá interponer recursos.
 
Si se trata de un fallo aritmético o en los datos personales se avisa al contribuyente del error, sin que haya cualquier tipo de penalización porque se entiende que no ha habido mala fe.
En el caso de que hayamos intentado ocultar inversiones, no declarar ingresos por rendimientos de trabajo, etc. Hacienda, en esta revisión, probablemente entenderá que ha cometido errores voluntariamente y sufrirá un expediente sancionador cuya cuantía dependerá del tipo de infracción cometida.
 
Fuente: Finanzas.com