Uno de cada cuatro euros se encuentra desaparecido en nuestro país. Porque no se declara, o porque no se tributa, o porque se obtiene con prácticas que no son precisamente legal ni moralmente aceptables. Pero, si todos los estudios coinciden en que esta 'realidad' es así, ¿por qué no es posible actuar contra ella? «Porque no dejan de ser modelos que suponen la aproximación a una realidad», explica Jordi Sardá, profesor titular de Economía en la Universitat Rovira i Virgili y autor del último informe «La economía sumergida pasa factura», en el que señala que más de un 24% de la economía española se encuentra sumergida. «Esta cifra ha ido aumentado con el paso de los años, sobre todo por la crisis, y tiene todo el sentido del mundo, porque con la tasa de paro actual sería imposible que no se registrase un conflicto social», destaca Sardá.
Aunque Hacienda no logre captar todo el dinero negro que hay en España, cada vez son más sofisticados los métodos que el fisco utiliza para captar a los defraudadores. Existen determinados colectivos sobre los que Hacienda centra su mirada (los autónomos, uno de ellos); algunas operaciones que hacen saltar las alarmas (cuando media el dinero en efectivo); y, sobre todo, cada vez se cruzan más datos (desde el uso de una tarjeta de crédito hasta la factura de la luz) para comprobar si el patrimonio y las rentas que se declaran coinciden con el ritmo de vida de muchos contribuyentes.
El ritmo de vida debe coincidir con su Renta
El profesor Jordi Sardá explica que, a la hora de realizar estos estudios, «lo normal es utilizar los modelos monetarios». Es decir, se toma una variable como la masa monetaria en circulación (el efectivo), y se compara con otras, como la presión fiscal. Hacienda también tiene en cuenta ese consumo de los contribuyentes para captar a los defraudadores.
Desde el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, su secretario general, José María Mollinedo, aclara que el fisco se vale de las discrepancias entre ese consumo y lo que se declara a la Agencia Tributaria como fórmula para encontrar fraude «cada vez con mayor frecuencia». Por eso, según Mollinedo, «son los contribuyentes no asesorados, como las pymes, los autónomos y los trabajadores, en los que más fraude se 'encuentra', frente a las grandes compañías, que están ya muy bien asesoradas para no incurrir en ese tipo de contradicciones» que pueden encender las alarmas.
Cada vez más espías
Las discrepancias surgen porque «los cruces informáticos de datos son ya el núcleo de selección de posibles defraudadores», indica Mollinedo. No sólo las empresas o los bancos están obligados a informar a Hacienda sobre sus rentas. También lo hacen los notarios (sucesiones, compraventas, divorcios), las compañías eléctricas (facturas de la luz), los ayuntamientos (licencias de obras), Tráfico (matriculaciones de vehículos de alta gama), Puertos (amarres contratados), inquilinos de viviendas... «Aquí se obtiene cada vez más información», explica el secretario de Gestha.
El Plan de lucha contra el Fraude Tributario establece cuáles son las líneas de actuación estratégicas cada año. Frente a las operaciones relacionadas con el ladrillo, que van perdiendo peso en la investigación fiscal, «los planes nuevos se centran ahora en el fraude asociado a conductas que generan alarma social, a evaluar determinados signos de riqueza y a la utilización de empresas interpuestas», anticipa Ransés Pérez Boga, presidente de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE).
En el plan que se encuentra en vigor, ya se señalan con el dedo a algunos perfiles susceptibles de ser investigados. Por ejemplo, los autónomos. Por encontrarse en el régimen de estimación objetiva.También son vigilados con más insistencia «los gastos de profesionales para garantizar que sólo son objeto de deducción los gastos relacionados con la actividad económica» que realizan. Así como el «análisis de signos externos de riqueza». Estas son algunas de las medidas más relevantes que se encuentran en vigor actualmente:
-Sectores con elevados niveles de economía sumergida.
-Detección de alquileres no declarados mediante registros, Internet, etc.
-Intercambio de datos con la Seguridad Social.-Análisis de consumo de energía para localizar inmuebles con actividades no declarados.-Contribuyentes que no hayan presentado la nueva declaración de bienes en el extranjero.-Detección de emisores de facturas irregulares.-Control de contribuyentes incluidos en el régimen de estimación objetiva (carpintería, albañilería, restauración, transportes, talleres, etc.).Declaración de gastos deducibles en las actividades económicas.-Investigación de las operaciones por comercio electrónico.
Lo más sorprendente es que cada vez se utilizan datos que aparentemente pueden resultar irrelevantes, pero claves para el fisco. Además de la factura de la luz (con este documento se determina si se habita un inmueble para compararlo con el uso indicado en su declaración), se controlan las compras a través de comercio electrónico (se contrastan perfiles de consumidores, referencias de compras, precios); y hasta las tarjetas de crédito, para determinar tanto el comportamiento del titular, como el del establecimiento que permite este tipo de operaciones.
Fuente:Finanzas.com
