Vehículos eléctricos en 2026: las empresas pueden aprovechar importantes incentivos fiscales antes de finalizar el año
La libertad de amortización permite a las empresas anticipar la deducción fiscal de la inversión en determinados vehículos eléctricos nuevos y puntos de recarga. Una oportunidad que conviene analizar antes del cierre del ejercicio.
18 de noviembre de 2026
La adquisición de vehículos eléctricos no solo constituye una alternativa para reducir las emisiones y los costes energéticos de las empresas. La normativa tributaria contempla también incentivos fiscales que pueden resultar especialmente interesantes a la hora de planificar nuevas inversiones.
Entre ellos destaca la libertad de amortización, un beneficio fiscal que permite deducir, en determinadas condiciones, la totalidad de la inversión en el Impuesto sobre Sociedades, sin necesidad de esperar a los plazos habituales de amortización.
El Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, ha prorrogado este incentivo para las inversiones que entren en funcionamiento durante los períodos impositivos iniciados en 2026.
¿En qué consiste la libertad de amortización?
Con carácter general, cuando una empresa adquiere un vehículo destinado a su actividad, su coste no se deduce íntegramente en el ejercicio de adquisición. La inversión se distribuye fiscalmente entre varios ejercicios mediante las correspondientes amortizaciones.
La libertad de amortización permite modificar este criterio y anticipar fiscalmente la deducción del coste de adquisición, pudiendo llegar a deducirse la totalidad de la inversión en un solo ejercicio.
Esto supone una ventaja financiera, al reducir la base imponible del Impuesto sobre Sociedades y, en consecuencia, la tributación del ejercicio en el que se aplica.
Conviene aclarar que no se trata de una subvención ni de una deducción adicional sobre el coste del vehículo, sino de un incentivo que permite adelantar el reconocimiento fiscal de un gasto que normalmente se distribuiría durante varios años.
¿Qué vehículos pueden beneficiarse?
La disposición adicional decimoctava de la Ley del Impuesto sobre Sociedades contempla la libertad de amortización para determinados vehículos nuevos, entre los que se incluyen:
Vehículos eléctricos de batería (BEV).
Vehículos híbridos enchufables (PHEV).
Vehículos eléctricos de autonomía extendida (REEV).
Vehículos eléctricos de pila de combustible (FCV).
Vehículos híbridos de pila de combustible (FCHV).
Por tanto, el incentivo no se limita a los vehículos exclusivamente eléctricos, sino que también puede alcanzar a determinados híbridos enchufables.
Sin embargo, los vehículos híbridos convencionales no enchufables no están incluidos por el mero hecho de disponer de un motor eléctrico.
Para aplicar el beneficio fiscal es necesario que el vehículo sea nuevo, esté afecto a una actividad económica y entre en funcionamiento dentro del período establecido legalmente.
En las empresas cuyo ejercicio coincide con el año natural, esto significa que el vehículo debe entrar en funcionamiento antes del 31 de diciembre de 2026.
Un ejemplo práctico: una empresa que compra un vehículo por 40.000 euros
Supongamos que una sociedad adquiere un vehículo eléctrico nuevo por 40.000 euros, excluido el IVA, que destina íntegramente a su actividad económica y que cumple los requisitos legales para aplicar el incentivo.
Si la empresa tributa al tipo del 25 % en el Impuesto sobre Sociedades, la aplicación de la libertad de amortización podría tener el siguiente efecto:
| Concepto | Importe |
|---|---|
| Coste fiscal del vehículo | 40.000 € |
| Amortización fiscal máxima que puede aplicar | 40.000 € |
| Tipo impositivo supuesto | 25 % |
| Reducción potencial de la cuota del ejercicio | 10.000 € |
En este supuesto, si la empresa dispone de base imponible positiva suficiente, podría anticipar una reducción de 10.000 euros en su tributación.
Es importante precisar que esos 10.000 euros no constituyen necesariamente un ahorro fiscal definitivo. La empresa está adelantando la deducción de las amortizaciones futuras, lo que supone principalmente una ventaja financiera y de tesorería.
El importe real dependerá del tipo impositivo aplicable, de la situación fiscal de la sociedad y del cumplimiento de los requisitos del incentivo.
También se benefician los puntos de recarga
La normativa contempla igualmente la libertad de amortización para determinadas inversiones en nuevas infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos afectas a actividades económicas.
De este modo, una empresa que decida electrificar su flota puede estudiar conjuntamente el tratamiento fiscal de los vehículos y de las instalaciones necesarias para su recarga.
En este último caso, además de la afectación a la actividad y de la entrada en funcionamiento dentro del período legal, es necesario disponer de la documentación técnica exigida y del correspondiente certificado de instalación eléctrica.
¿Qué ocurre con el IVA de los vehículos?
Una cuestión que debe analizarse separadamente es la deducción del IVA soportado en la adquisición.
La libertad de amortización en el Impuesto sobre Sociedades no implica automáticamente que el IVA del vehículo resulte deducible en su totalidad.
En el caso de los turismos, la Ley del IVA establece, con carácter general, una presunción de afectación empresarial del 50 %, sin perjuicio de que pueda acreditarse un grado de utilización distinto o resulten aplicables los supuestos específicos previstos legalmente.
Por este motivo, antes de efectuar la inversión conviene estudiar tanto el tratamiento del Impuesto sobre Sociedades como el del IVA, ya que los requisitos y las consecuencias fiscales no son idénticos.
Incentivos para particulares: deducción de hasta 3.000 euros en el IRPF
La fiscalidad de los vehículos eléctricos también contempla ventajas para las personas físicas que adquieren un vehículo para uso particular.
Durante 2026 se mantiene la deducción en el IRPF del 15 % del valor de adquisición de determinados vehículos eléctricos nuevos, con una base máxima de 20.000 euros.
Esto permite alcanzar una deducción máxima de 3.000 euros, siempre que se cumplan los requisitos establecidos legalmente.
También existe una deducción del 15 % por la instalación de puntos de recarga en inmuebles de propiedad del contribuyente, con una base máxima de 4.000 euros, equivalente a una deducción máxima de 600 euros.
En ambos casos, las cantidades subvencionadas deben excluirse de la base de deducción y los bienes no pueden estar afectos a una actividad económica.
Una decisión que conviene estudiar antes del cierre de 2026
La proximidad del cierre del ejercicio convierte estos incentivos en un elemento relevante de planificación fiscal para las empresas que estén valorando renovar sus vehículos o incorporar nuevas soluciones de movilidad eléctrica.
No obstante, la conveniencia de realizar la inversión no debe determinarse exclusivamente por el beneficio tributario.
Es necesario valorar el coste de adquisición, las necesidades de la empresa, su situación financiera, la base imponible prevista y los requisitos necesarios para justificar la aplicación del incentivo.
Desde S. Llamas y Asociados recomendamos analizar estas inversiones con antelación al cierre fiscal, con objeto de determinar su impacto tributario y evitar decisiones que puedan generar contingencias en una posterior comprobación administrativa.
Una adecuada planificación permite aprovechar los incentivos disponibles con seguridad jurídica, integrándolos en las decisiones económicas y financieras de la empresa.
Referencias normativas
Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. Disposición adicional decimoctava.
Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo. Artículo 37.
Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del IRPF. Disposición adicional quincuagésima octava.
Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del IVA. Artículo 95.

Comentarios
Publicar un comentario