La diputada del Partido
Popular, Beatriz Escudero, ha asegurado hoy en el Pleno del
Congreso que los españoles defraudaron el año pasado 70.000
millones de euros a la Administración Pública. Una cifra que
equivale al 23% del Producto Interior Bruto del país y que
prácticamente iguala en cifras a los recursos que se dedicaron a toda la sanidad
pública en el mismo año: 75.000 millones de euros.
Escudero ha utilizado
esta voluminosa cifra para defender, contra el criterio del resto de grupos, los
cambios al Código Penal para
endurecer el castigo a los defraudadores que hoy superará su último trámite
parlamentario en el Congreso. «¿De verdad no quieren
luchar contra esto?», les ha preguntado al resto de los grupos
defendiendo que la reforma impulsada por el Gobierno es «necesaria».
Los partidos serán responsables
Los portavoces la
oposición, sin
embargo, rechazaron las modificaciones bajo una crítica
prácticamente unánime: el castigo a los pequeños defraudadores
no es proporcional con el fijado para los grandes
defraudadores. Así, el portavoz socialista de Justicia, Julio
Villarubia, consideró que la reforma «consolida la impunidad para los
grandes defraudadores» mientras «criminaliza a los trabajadores, parados y
pensionistas».
El portavoz de Izquierda Plural, Gaspar
Llamazares, consideró que los cambios introducidos suponen una
«amnistía para los defraudadores fiscales» estableciendo «manga estrecha y puño
de hierro a los trabajadores que defrauden un solo euro a la Seguridad
Social».
Los grupos también han censurado ampliamente al
Gobierno por aceptar la enmienda de UPyD que amplía a los partidos políticos y
sindicatos la responsabilidad en los casos de corrupción y fraude. El portavoz
de PNV, Emilio Olabarría, ha considerado que «habrá que ver
cuál es el primer partido objeto de disolución» como consecuencia de la
introducción de la citada enmienda, mientras la diputada de CiU Lourdes Ciuró
criticó que el Gobierno se dejara llevar poe el «populismo recurrente», en
alusión a UPyD, y colara esta enmienda «sin informes y por la puerta de atrás»,
mientras La aludida, Rosa Díez ha defendido que esta enmienda
es parte del proceso de «regeneración democrática» que España tiene que llevar a
cabo».
Fuente: Diario ABC
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