El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha revelado esta mañana que de los 19,3 millones de contribuyentes que hay en España, apenas 7.000 tienen unas rentas anuales superiores a los 600.000 euros. Su número, por tanto, se mantiene en los mismos niveles que en 2011 tras registrar un fuerte descenso del 24% entre 2009 y 2010. A partir de ahí, 16.000 ciudadanos perciben rentas de entre 300.000 euros y 600.000 euros. Estos han sido parte de los datos que ha dado el ministro esta mañana durante la presentación del resultado del cierre fiscal de 2012. En su intervención, el responsable del departamento ha hecho especial hincapié en que los cambios impositivos aprobados para mejorar la recaudación han tenido un impacto equitativo entre los que más tienen y los que menos.
Sobre estos últimos, el 34% de los contribuyentes (6,5 millones de personas) cobra menos de 10.000 euros al año, aunque el porcentaje se eleva al 66% si se tienen también en cuenta los ciudadanos que cobran hasta 20.000 euros (6,1 millones de personas). Por su parte, 1,6 millones de personas tienen rentas de entre 20.000 y 30.000 euros, lo que equivale al 17% del total. Los 3,3 millones de personas restantes cobran entre 30.000 y 300.000 euros al año.
Pese a las disparidades en la distribución de los contribuyentes por sus recursos, Montoro ha asegurado que el 80% del gravamen complementario sobre el IRPF lo ha asumido el 20% de los que tienen mayores rentas (base liquidable superior a 30.000 euros anuales). Gracias a la subida de los tramos, que elevó las retenciones por IRPF entre 0,75 y siete puntos en función de la cantidad cobrada, la recaudación por este impuesto se incrementó en 2012 en 815 millones, hasta 70.619 millones, el 1,2% más. Sin la subida, que permitió ingresar 3.525 millones adicionales, los ingresos habrían disminuido el 3,9%, una caída parecida a la que se calcula para las rentas brutas de los hogares.
Sobre el resultado conjunto de 2012, el ministro ha valorado que el Estado cumplió con sus objetivos de recaudación en 2012 tras las subidas de impuestos aprobadas y que, además del IRPF, afectaron al IVA y Sociedades. Estas medidas han permitido recaudar 11.237 millones de euros adicionales en 2012.
Además de lo que aportó las modificaciones en el IRPF, el incremento del pago fraccionado en Sociedades permitió recaudar 5.925 millones más y la subida de IVA 2.441 millones. Junto a ello, de los cambios en Impuestos Especiales se obtuvieron 301 millones de euros (236 millones por la variación de los tipos del tabaco y 65 millones por la supresión de la devolución del gasóleo). A esta cantidad hay que restar 1.360 millones por la aprobación de otras medidas.
Hacienda calcula que sin esas medidas los ingresos netos habrían sufrido una caída del 2,7%, en la línea con lo que ha descendido la demanda interna. En su conjunto, los ingresos no financieros se elevaron a 215.517 millones frente a los 211.089 presupuestados. La recaudación tributaria alcanzó los 168.567 millones, un 4,2% más que en 2011
A lo largo de febrero, ha añadido Montoro, se publicarán los datos agregados de déficit, que para el conjunto de las Administraciones debería bajar del 8,9% de 2011 al 6,3%, aunque en este caso no está tan claro que se vaya a lograr el objetivo. Sin embargo y aunque el ministro no ha querido avanzar una cifra, sí se ha mostrado confiado en que no será malo. "Espero que sean buenos. Si el cierre de ingresos, que es el más difícil, está ahí, el de gastos, que es el que se controla, no va a ser menos", ha dicho.
El Gobierno aprobó nada más llegar al poder a finales de 2011 una subida de los impuestos al trabajo que entró en vigor ya desde principios de 2012. No obstante, a la vista de que el déficit seguía sin estar bajo control y presionado por Bruselas, que tras el rescate a la banca amplió su capacidad para condicionar las decisiones del Ejecutivo, también subió el IVA a partir de septiembre, cuyo tipo general pasó del 18% al 21% y, en el caso del reducido, del 8% al 10%.
Ambas medidas no estaban incluidas en su programa electoral, de hecho, el PP se había mostrado radicalmente en contra en el pasado de elevar el IVA, pero según justificó entonces el Gobierno, no había alternativa para cumplir con el mandato de reducir el déficit.
Junto a estos cambias fiscales, el Ejecutivo también modificó el impuesto de sociedades e impuso un pago fraccionado mínimo a las grandes empresas. Con esta medida trataba de poner freno al desplome de la recaudación que el Estado obtiene a partir de los beneficios empresariales, que entre 2007 y 2011 había caído un 64% por la crisis. Además, tras la entrada de España en recesión en el recién acabado 2012 amenazaba con bajar aun más. Dentro de este paquete también limitó la deducción de los gastos financieros, que es lo que las empresas se pueden ahorrar atribuyéndose pérdidas.
A la hora de hablar de las medidas impositivas aprobadas para reducir el déficit también se puede incluir la amnistía fiscal. A partir de estas regularizaciones de bienes y rentas evadidas en el extranjero, el Gobierno recaudó el pasado ejercicio 1.193 millones euros, menos de la mitad de su objetivo inicial de 2.500 millones.
Fuente: El Pais
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